El año que acaba de empezar será intenso para jueces, fiscales y abogados. La Justicia tiene un apretado calendario en Gipuzkoa. Muchos órganos judiciales ya han señalado vistas hasta octubre. Es el caso, por ejemplo, de la Sección Primera de la Audiencia que, además de un amplio número de casos por sentenciar, tiene procesos de gran relevancia. Durante el próximo ejercicio celebrará, por lo menos, dos juicios con jurado, ambos por sendos crímenes de violencia machista, además de asuntos por tráfico de drogas, agresiones sexuales... Pero sin duda el proceso 'estrella' del año será el de la Hacienda de Irun, con tres acusados en el banquillo. El juicio se celebrará en primavera.
Pero no sólo la Audiencia tiene asuntos de relevancia en cartera. Otros juzgados de la capital han de resolver procesos complejos, entre ellos el del asesinato de Amaia Azkue.
Los casos que a continuación se enumeran son algunos de los más destacados que se juzgarán este año.
El juicio comenzará el próximo día 23 de enero con la selección de los miembros del jurado. Yasmín Rodríguez, natural de Colombia, fue acuchillada en mayo de 2009 en Irun por su expareja. La Fiscalía solicita penas que suman 50 años de prisión así como el pago de indemnizaciones por valor de 50.800 euros a los familiares de la víctima. El acusado es Edward Enrique San Clemente, de 38 años, también de nacionalidad colombiana. La fiscal le imputa dos delitos de asesinato, uno de ellos en grado de tentativa por la agresión que en el transcurso del incidente sufrió el vecino de Irun Juan Pablo Urtizberea, quien acudió en auxilio de la mujer. También se acusa al procesado de amenazas graves, coacciones continuadas, además de otro delito contra la seguridad vial y uno más de lesiones.
En el caso están personados, además de la Fiscalía guipuzcoana y la acusación que ejerce Urtizberea, el Ayuntamiento de Irun, las Juntas Generales del territorio y la Delegación del Gobierno.
El mismo día en el que arranca el juicio por el asesinato de Yasmín Rodríguez empieza también en la Audiencia guipuzcoana otra vista por tráfico de drogas. En el banquillo de los acusados se sentarán un total de diez personas para las que se solicitan penas de seis años para cada una.
En el que caso de que la Fiscalía y las defensas no llegasen a un acuerdo previo, las sesiones del proceso se prolongarán durante tres semanas. La Audiencia ha reservado dos jornadas sólo para poder escuchar las conversaciones que la Policía grabó a los procesados.
Será el 'caso del año'. Después de tres años de instrucción, el juicio por el presunto fraude en la oficina de Hacienda de Irun comenzará el 16 de abril y está previsto que concluya el 23 de mayo. El principal imputado, el exdirector de dicha sede, José María Bravo, se sentará en el banquillo junto a su esposa, Rosa Cobos, y el socio del primero, Pedro María Atristain. La Fiscalía pide para Bravo 24 años y 3 meses de cárcel por diferentes delitos de malversación, prevaricación, estafa, usurpación, receptación e insolvencia punible. Para Cobos reclama diez años y un mes, por malversación, receptación e insolvencia punible, mientras que para Atristain solicita un año y medio por receptación. La Fiscalía también pide que el matrimonio indemnice a la Hacienda foral con 1,9 millones de euros por las cantidades que entregaron al principal acusado una treintena de contribuyentes que creían saldar así sus deudas tributarias. El magistrado ponente del caso será Ignacio José Subijana, presidente de la Audiencia.
El juicio por la muerte de Clara Rangel, la mujer de nacionalidad venezolana asesinada por su pareja en 2008 en Errenteria, se celebrará en mayo. Será el segundo juicio con jurado de 2012. El acusado es Keny Lexkur González, pareja de la víctima, natural también de Venezuela.
La Fiscalía de Gipuzkoa solicita penas que suman 35 años de cárcel para el procesado. El ministerio público imputa al acusado un delito de asesinato, otro de homicidio en grado de tentativa y un tercero de lesiones. Asimismo, pide que indemnice a los familiares de la víctima, entre ellos a su propio hermano al que también hirió, con una suma total de 139.000 euros.
Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2008, en una vivienda de la calle Elías Salaberria, en el barrio errenteriarra de Agustinas. En el interior del piso se encontraban, además de la víctima, de 35 años, el agresor, un hermano de éste y tres hijos: uno de 16 años, otro de dos y el tercero de seis meses. Según el relato de hechos que mantiene el ministerio público, el acusado entró en la habitación que compartía con su pareja y en presencia de los dos niños pequeños comenzó una violenta discusión. En un momento determinado, Keny Lexkur González salió del cuarto se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo de veinte centímetros de hoja y se lo clavó a su mujer en el cuello, la espalda y en la axila. La víctima sufrió un total de nueve heridas. La más grave fue la del cuello que le afectó una arteria y le produjo una pérdida masiva de sangre.
El juicio por el asesinato de Amaia Azkue será el otro gran proceso del año. Todavía no se ha fijado la fecha de la vista, ya que el caso se encuentra en fase de instrucción en la Fiscalía de Gipuzkoa.
El autor confeso del crimen, A.E., continúa privado de libertad en el centro de menores de Zumarraga, donde ingresó la noche del 17 de agosto. La tarde de aquel día, junto a su padre y un abogado, el chico acudió a la Fiscalía de Menores para confesar la autoría de los hechos. Al día siguiente, el ADN y una huella dactilar confirmaron su implicación.
A.E. se entregó la víspera de cumplir 18 años. Ese día, supo que los investigadores de la Ertzaintza le habían descubierto.
El cadáver de Amaia Azkue, de 39 años, natural de Orio, casada y madre de dos niñas, fue hallado el 16 de marzo del pasado año en aguas del embalse de Ibai-Eder.
La vista de este caso tendrá lugar en el Juzgado de Menores de San Sebastián y, muy posiblemente, se celebre a puerta cerrada, con lo que los medios de comunicación no tendrían acceso a la sesión.
La Fiscalía de Gipuzkoa sentará en el banquillo a una veintena de personas acusadas de formar parte de una organización criminal integrada por ciudadanos procedentes de países del Este. El presunto cabecilla de la organización era descendiente de uno de los denominados 'niños de la guerra'. El ministerio público imputa a los acusados delitos de asociación ilícita, extorsión, hurto, receptación, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, planes de secuestro... Solicita para los inculpados penas que suman 137 años de prisión.
Este grupo, según el ministerio público, tenía su origen en la «delincuencia organizada procedente de estados integrados en la antigua Unión Soviética o situados en el ámbito de influencia de la misma».
Todavía no hay fecha para este proceso y fuentes de la Audiencia han señalado que es posible que el juicio se celebre durante el último trimestre del año, siempre y cuando haya disponibilidad de fechas.
La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana juzgará también este año, allá por el mes de octubre, el caso de la agresión con arma blanca que sufrieron dos porteros de la discoteca Z.M. de San Sebastián.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2009 cuando el acusado, de 33 años, asestó sendas cuchilladas a los dos porteros del local. Uno de ellos, Ibon Z., sufrió lesiones de gravedad en el vientre. El acusado fue detenido por la Ertzaintza días después de que cometiera presuntamente el delito.
Este año se celebrará asimismo la vista por el fallecimiento de un hombre de 61 años tras una colisión entre dos chipironeras ocurrida entre Zarautz y Getaria. El caso será enjuiciado en el Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián.
La Fiscalía de Gipuzkoa solicita un año de prisión para el acusado, un hombre de 81 años. El ministerio público imputa al pescador un delito de omisión del deber de socorro. La acusación sostiene que tras el impacto, el inculpado se marchó del lugar sin prestar ningún tipo de auxilio a la víctima. En el caso está personada la familia del fallecido, que imputa un delito de homicidio. Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y diez de la mañana del 23 de agosto de 2009.
Los casos que a continuación se enumeran son algunos de los más destacados que se juzgarán este año.
El juicio comenzará el próximo día 23 de enero con la selección de los miembros del jurado. Yasmín Rodríguez, natural de Colombia, fue acuchillada en mayo de 2009 en Irun por su expareja. La Fiscalía solicita penas que suman 50 años de prisión así como el pago de indemnizaciones por valor de 50.800 euros a los familiares de la víctima. El acusado es Edward Enrique San Clemente, de 38 años, también de nacionalidad colombiana. La fiscal le imputa dos delitos de asesinato, uno de ellos en grado de tentativa por la agresión que en el transcurso del incidente sufrió el vecino de Irun Juan Pablo Urtizberea, quien acudió en auxilio de la mujer. También se acusa al procesado de amenazas graves, coacciones continuadas, además de otro delito contra la seguridad vial y uno más de lesiones.
En el caso están personados, además de la Fiscalía guipuzcoana y la acusación que ejerce Urtizberea, el Ayuntamiento de Irun, las Juntas Generales del territorio y la Delegación del Gobierno.
El mismo día en el que arranca el juicio por el asesinato de Yasmín Rodríguez empieza también en la Audiencia guipuzcoana otra vista por tráfico de drogas. En el banquillo de los acusados se sentarán un total de diez personas para las que se solicitan penas de seis años para cada una.
En el que caso de que la Fiscalía y las defensas no llegasen a un acuerdo previo, las sesiones del proceso se prolongarán durante tres semanas. La Audiencia ha reservado dos jornadas sólo para poder escuchar las conversaciones que la Policía grabó a los procesados.
Será el 'caso del año'. Después de tres años de instrucción, el juicio por el presunto fraude en la oficina de Hacienda de Irun comenzará el 16 de abril y está previsto que concluya el 23 de mayo. El principal imputado, el exdirector de dicha sede, José María Bravo, se sentará en el banquillo junto a su esposa, Rosa Cobos, y el socio del primero, Pedro María Atristain. La Fiscalía pide para Bravo 24 años y 3 meses de cárcel por diferentes delitos de malversación, prevaricación, estafa, usurpación, receptación e insolvencia punible. Para Cobos reclama diez años y un mes, por malversación, receptación e insolvencia punible, mientras que para Atristain solicita un año y medio por receptación. La Fiscalía también pide que el matrimonio indemnice a la Hacienda foral con 1,9 millones de euros por las cantidades que entregaron al principal acusado una treintena de contribuyentes que creían saldar así sus deudas tributarias. El magistrado ponente del caso será Ignacio José Subijana, presidente de la Audiencia.
El juicio por la muerte de Clara Rangel, la mujer de nacionalidad venezolana asesinada por su pareja en 2008 en Errenteria, se celebrará en mayo. Será el segundo juicio con jurado de 2012. El acusado es Keny Lexkur González, pareja de la víctima, natural también de Venezuela.
La Fiscalía de Gipuzkoa solicita penas que suman 35 años de cárcel para el procesado. El ministerio público imputa al acusado un delito de asesinato, otro de homicidio en grado de tentativa y un tercero de lesiones. Asimismo, pide que indemnice a los familiares de la víctima, entre ellos a su propio hermano al que también hirió, con una suma total de 139.000 euros.
Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2008, en una vivienda de la calle Elías Salaberria, en el barrio errenteriarra de Agustinas. En el interior del piso se encontraban, además de la víctima, de 35 años, el agresor, un hermano de éste y tres hijos: uno de 16 años, otro de dos y el tercero de seis meses. Según el relato de hechos que mantiene el ministerio público, el acusado entró en la habitación que compartía con su pareja y en presencia de los dos niños pequeños comenzó una violenta discusión. En un momento determinado, Keny Lexkur González salió del cuarto se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo de veinte centímetros de hoja y se lo clavó a su mujer en el cuello, la espalda y en la axila. La víctima sufrió un total de nueve heridas. La más grave fue la del cuello que le afectó una arteria y le produjo una pérdida masiva de sangre.
El juicio por el asesinato de Amaia Azkue será el otro gran proceso del año. Todavía no se ha fijado la fecha de la vista, ya que el caso se encuentra en fase de instrucción en la Fiscalía de Gipuzkoa.
El autor confeso del crimen, A.E., continúa privado de libertad en el centro de menores de Zumarraga, donde ingresó la noche del 17 de agosto. La tarde de aquel día, junto a su padre y un abogado, el chico acudió a la Fiscalía de Menores para confesar la autoría de los hechos. Al día siguiente, el ADN y una huella dactilar confirmaron su implicación.
A.E. se entregó la víspera de cumplir 18 años. Ese día, supo que los investigadores de la Ertzaintza le habían descubierto.
El cadáver de Amaia Azkue, de 39 años, natural de Orio, casada y madre de dos niñas, fue hallado el 16 de marzo del pasado año en aguas del embalse de Ibai-Eder.
La vista de este caso tendrá lugar en el Juzgado de Menores de San Sebastián y, muy posiblemente, se celebre a puerta cerrada, con lo que los medios de comunicación no tendrían acceso a la sesión.
La Fiscalía de Gipuzkoa sentará en el banquillo a una veintena de personas acusadas de formar parte de una organización criminal integrada por ciudadanos procedentes de países del Este. El presunto cabecilla de la organización era descendiente de uno de los denominados 'niños de la guerra'. El ministerio público imputa a los acusados delitos de asociación ilícita, extorsión, hurto, receptación, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, planes de secuestro... Solicita para los inculpados penas que suman 137 años de prisión.
Este grupo, según el ministerio público, tenía su origen en la «delincuencia organizada procedente de estados integrados en la antigua Unión Soviética o situados en el ámbito de influencia de la misma».
Todavía no hay fecha para este proceso y fuentes de la Audiencia han señalado que es posible que el juicio se celebre durante el último trimestre del año, siempre y cuando haya disponibilidad de fechas.
La Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana juzgará también este año, allá por el mes de octubre, el caso de la agresión con arma blanca que sufrieron dos porteros de la discoteca Z.M. de San Sebastián.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2009 cuando el acusado, de 33 años, asestó sendas cuchilladas a los dos porteros del local. Uno de ellos, Ibon Z., sufrió lesiones de gravedad en el vientre. El acusado fue detenido por la Ertzaintza días después de que cometiera presuntamente el delito.
Este año se celebrará asimismo la vista por el fallecimiento de un hombre de 61 años tras una colisión entre dos chipironeras ocurrida entre Zarautz y Getaria. El caso será enjuiciado en el Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián.
La Fiscalía de Gipuzkoa solicita un año de prisión para el acusado, un hombre de 81 años. El ministerio público imputa al pescador un delito de omisión del deber de socorro. La acusación sostiene que tras el impacto, el inculpado se marchó del lugar sin prestar ningún tipo de auxilio a la víctima. En el caso está personada la familia del fallecido, que imputa un delito de homicidio. Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y diez de la mañana del 23 de agosto de 2009.
Fuente: http://www.diariovasco.com