¿Por
qué hacemos la huelga en la Administración de Justicia?
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El
Gobierno ha tratado como funcionarios y funcionarias de segunda al 93% del
personal de la Administración de Justicia que llevamos el peso fundamental del
trabajo, elevando las retribuciones de solo el 7% restante (el cuerpo de LAJ).
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No
se reconoce la responsabilidad, profesionalidad y especialización
de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos
generales, especiales y médicos forenses) ni las funciones reales de los
cuerpos generales.
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Se
desprecia la implicación, la participación y el papel determinante de la
inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia en los nuevos
modelos organizativos y tecnológicos.
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Se
impone, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa poniendo en riesgo los
puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones
especiales y las funciones concretas.
¿Cuáles
son nuestras reivindicaciones?
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La
paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de
Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su
modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
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El
reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente
realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el
cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan los cuerpos generales.
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El
incremento del Complemento General del Puesto, de aplicación para todos
los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos
territoriales (transferidos y no transferidos):
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+
430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del INTyCF
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+
400 euros mensuales para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio
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+
375 euros mensuales para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio
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+
350 euros mensuales para Auxilio Judicial
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Seguimos exigiendo, además:
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La
eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de
población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1.
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La
publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación
colectiva del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del
complemento de Carrera Profesional.
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