Hoja informativa del Sector de Administración de Justicia de CCOO sobre lo aprobado el viernes en el Consejo de Ministros, que remitió el proyecto de LGPE 2012 a las Cortes Generales, aprobó también el Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo (BOE del sábado 31 de marzo) que incluye la amnistía fiscal a los defraudadores, la aprobación de nuevas tasas judiciales que ponen mucho más difícil la tutela judicial efectiva, y la subida de la luz y del gas, entre otras medidas.
Para CCOO en un primer análisis, estas medidas son injustas, no van a solucionar ninguno de los problemas que dicen intentan corregir y van, además, a crear una situación de rendición del gobierno ante los delincuentes.
Además, por su interés, os adjuntamos también el artículo del profesor Juan Torres sobre las medidas adoptadas por el gobierno.
La
aprobación por el Gobierno de la amnistía fiscal para los grandes defraudadores
a la Hacienda Pública, aquellos que han
vaciado las arcas del Estado de manera intolerable y tenían hasta el Consejo de
Ministros del viernes 30 de marzo de 2012 una enorme deuda económica y judicial
con el Estado español, supone una
violación de los derechos de los ciudadanos decentes que pagan sus impuestos
religiosamente.
Y es una violación de los derechos de los
trabajadores, que con sus impuestos contribuyen al mantenimiento del Estado
Social y de Bienestar, porque el Gobierno con esta decisión está diciendo a las
personas honestas que no pasa nada si los defraudadores no pagan los impuestos
que les corresponden y de esa manera son parte de los responsables que gravemente
contribuyen a que los servicios públicos de España se deterioren y estén en una
situación muy complicada de financiación. Y esos defraudadores piensan, y el
Consejo de Ministros les da la razón, que ya llegará el Gobierno y les permitirá
a los que poseen grandes fortunas sin declarar a que regularicen su situación
ilícita y penal, y aparezcan ante los ciudadanos decentes como personas
inocentes, cuando son delincuentes de cuello blanco.
No es
tolerable que el Gobierno haya vuelto a mentir y haya aprobado esta amnistía
fiscal, cuando el Presidente del Gobierno, Rajoy, declaró lo contrario hace
meses y en plena crisis económica: “Lo
que España necesita no es una amnistía fiscal sino confianza en la política
económica del Gobierno. No la vamos a apoyar porque los que pagan van a pagar
más y los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Esperemos que
esta sea la última ocurrencia.
Y en esa misma línea, la Presidenta de la Comunidad de Castilla la Mancha, y secretaria
general del PP, Mª Dolores de Cospedal, declaraba también en plena crisis
económica: “Claro que estamos en contra
de una amnistía fiscal porque se les está diciendo a los ciudadanos que pagan
sus impuestos que se les van a subir los impuestos y a aquellos que defraudan
se les va a dar una amnistía. Es tan injusto, tan antisocial y es tal
barbaridad que el PP está en contra”
Meses después, el Gobierno del PP aprueba un
incremento del IRPF (BOE de 31 de diciembre de 2011) para los ciudadanos que
pagan sus impuestos y una exoneración de sus deudas económicas (sólo pagarán el
10 % de lo que han dejado de declarar) y judiciales penales a los grandes
defraudadores que coinciden en muchos casos con propietarios de grandes
fortunas que sólo tienen como patria el dinero.
Y como expresa el profesor de análisis
económico Juan Torres, “por mucho que estas amnistías
puedan traer ingresos, representan siempre una terrible injusticia, una rendición
de los gobiernos ante los delincuentes, una falta de patriotismo y, en el plano
económico y financiero, la renuncia a perseguir como se debe a quiénes estafan
a la sociedad e incumplen las leyes”
La aprobación por el Gobierno de una nueva subida
escalofriante de las tasas judiciales, tasas que aprobó el Gobierno anterior, y
que fue denunciado desde el primer momento por CCOO además de venir realizando
acciones contra las mismas, viene a ser una vuelta de tuerca más contra el
derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos reconocido en la Constitución
española.
Esta
medida se une a la anunciada reforma de Gallardón para impedir que los
funcionarios podamos seguir defendiendo nuestros derechos laborales ante la
jurisdicción contenciosa sin necesidad de abogado y procurador.
Entre las novedades que atentan aún más el derecho de los ciudadanos a la
tutela judicial efectiva se encuentra la imposición de tasas en segunda
instancia también en la jurisdicción social
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