- Carta de CCOO a las organizaciones provinciales del PSOE para que presionen a su grupo en el Congreso a fin de que modifique su postura favorable al cierre de oficinas del Registro Civil
CCOO SOLICITA A LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DEL PSOE QUE INSTEN AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO PARA QUE SE UNA AL RESTO DE GRUPOS QUE DEFIENDEN EL MANTENIMIENTO DE LA ACTUAL ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL REGISTRO CIVIL
El Grupo Parlamentario Socialista, con el argumento de la informatización del nuevo Registro Civil, apuesta por el cierre de las oficinas actuales en cada partido judicial y en los juzgados de paz.
La representación del PSOE en el Congreso de los Diputados sigue defendiendo, prácticamente en solitario, la aplicación literal de la Ley 20/2011 del Registro Civil que dispone que:
“En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes.
Excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma.
En atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley.”
En el último trimestre del pasado año 2017, tanto el Grupo Popular como el de Unidos Podemos presentaron en el Congreso sendas proposiciones de Ley de modificación de la Ley 20/2011, y ambas proposiciones coincidían en modificar dicha ley, entre otros aspectos, para mantener la misma estructura territorial actual del Registro Civil, es decir, una oficina en cada una de las localidades que son cabeza de Partido Judicial y una en cada uno de los Juzgados de Paz.
En CCOO estamos convencidos de que la posición que defiende el PSOE en el Congreso no es compartida por sus organizaciones territoriales más próximas a los municipios ni, desde luego, por sus representantes municipales, que dudamos que apoyen el cierre del Registro Civil de su localidad.
Por ello, nos hemos dirigido por escrito a estos cargos intermedios del PSOE solicitándoles “que, en la medida que Vd., su equipo y los y las ediles de su partido de los pequeños y medianos municipios comparta nuestras posiciones, se dirija a la organización Federal del PSOE y al Grupo Parlamentario Socialista para que modifiquen esta tajante posición y se avengan a llegar a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios que consiga evitar el cierre de los Registros Civiles de las poblaciones de su ámbito territorial, junto a las del resto del Estado”.
En la carta, CCOO señala que, desde hace casi 150 años, todos los trámites que se realizan ante cualquier Registro Civil son totalmente cercanos y que lo que está defendiendo el PSOE en el Congreso supondrá el alejamiento de este servicio público de la ciudadanía, pues conllevaría la desaparición de las oficinas del Registro Civil en la mayoría de las medianas y pequeñas poblaciones.
Se produciría el traslado de dichos registros a las capitales de tamaño superior, obligando con ello a la población de las localidades más pequeñas a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho o acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de población. No está garantizado, incluso, que los vecinos y vecinas de un pueblo, puedan seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidos en esa localidad cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en el municipio.
CCOO ha transmitido al PSOE que el Registro Civil es un servicio público profundamente arraigado en los municipios, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa y donde los vecinos y vecinas han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes lo que ahora, con su desaparición, no podrán seguir haciendo.
Es, desde nuestro punto de vista, una posición, la del Grupo Parlamentario Socialista, alejada de la sociedad y de desmantelamiento y deterioro del Servicio Público.
La informatización y los medios tecnológicos deben ser aplicados sin duda en los Registros Civiles, pero ello no es óbice para que se mantengan abiertas las oficinas que, en los municipios, dan servicio directo a la ciudadanía, tal y como ocurre con otros servicios públicos informatizados como puedan ser la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.