15 may 2020

El Ministerio de Justicia sigue adoptando las medidas preventivas incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

  • Nota de prensa del Ministerio de Justicia anunciando el calendario de la desescalada

CCOO DENUNCIA NUEVAMENTE ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIGUE INCUMPLIENDO EL DERECHO DEL PERSONAL A PARTICIPAR Y SER CONSULTADO E INFORMADO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, CONTRAVINIENDO LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La evaluación de riesgos en los centros de trabajo para determinar, por ejemplo, su aforo máximo para mantener la distancia de seguridad de 2 metros o para establecer o no el uso obligatorio de mascarillas, guantes y mamparas, se está realizando a espaldas de los delegados y las delegadas de prevención que tienen derecho, también incumplido, a acompañar en las visitas a los centros al personal técnico encargado de realizar esta evaluación de riesgos

La decisión adoptada de mantener a todo el personal de la Administración de Justicia de todas las CCAA, independientemente de la situación general de sus provincias y comarcas según lo determinado por la Autoridad Sanitaria, en la fase 1 de la desescalada durante la próxima semana, afecta a las condiciones de trabajo y de salud del personal de la Administración de Justicia y se ha adoptado sin la preceptiva consulta y participación previa de los trabajadores y las trabajadores y sin la información a nuestro colectivo tras la toma de la decisión, conculcando los derechos del personal recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Tampoco han sido consultados ni informados los Comités de Seguridad y Salud ni los delegados y las delegadas de prevención, como también obliga la LPRL.

Asimismo, no nos consta que dicha decisión se haya adoptado con el asesoramiento o participación de los Servicios de Prevención ni de ningún otro organismo ni personal técnico lo que, a nuestro juicio, también contraviene lo dispuesto en dicha LPRL.

Se menciona, además, en la nota de prensa, que la decisión adoptada obedece a la necesidad de evaluar las medidas de seguridad colectivas e individuales precisas para evitar los contagios en cada sede. Ni el personal, ni sus representantes, ni los Comités de Seguridad y Salud han sido informados de que esta evaluación se esté llevando a cabo, ni tampoco qué organismo o personal técnico la está realizando. Tampoco los delegados y las delegadas de prevención han recibido información sobre el calendario de visitas a los centros para realizar esta evaluación, lo que les impide ejercer su derecho a acompañar al personal técnico en estas visitas, también recogido en la LPRL y también incumplido.

Esta decisión se adoptado en la Comisión de Coordinación para la crisis del COVID-19, integrada por el ministerio, las CCAA, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y en la que el Ministro Juan Carlos Campo sigue sin permitir la presencia de la representación sindical de las 55000 personas que conformamos el colectivo más afectado por las medidas que se adoptan

Se mantiene además el paso en justicia a la Fase 1 en las provincias y comarcas que el Gobierno mantiene en la Fase 0, lo que demuestra de forma fehaciente que para el ministro y el resto de integrantes de la Comisión de Coordinación el personal de Justicia y la ciudadanía que tiene que asistir a los juzgados y tribunales no merecemos la misma protección de la salud que el resto, y que, para ellos, la atención a toda costa de los servicios no esenciales está por encima del derecho a la protección de nuestra salud

TAMBIÉN CONTINÚAN SIN ESTABLECERSE CON CLARIDAD LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIAS EN CADA PUESTO DE TRABAJO Y LA PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DONDE ESTAS MEDIDAS SE INCUMPLAN

CCOO ha ampliado la denuncia presentada el pasado 12 de mayo ante la Inspección de Trabajo con estos nuevos incumplimientos de la LPRL; hemos vuelto a solicitar al ministerio nuestra inclusión en la Comisión de Coordinación, y hemos exigido que, en lo sucesivo, se dé cumplimiento a la LPRL en todo lo relativo a evaluación de riesgos; participación, consulta e información del personal; intervención de los Servicios de Prevención, Comités de Seguridad y Salud y Delegados/as de Prevención, e información de los daños y vigilancia de la salud de los trabajadores y las trabajadoras, lo que no se ha cumplido en las medidas adoptadas hasta la fecha.