- Anunciado el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales a partir del 4 de junio
EL MINISTERIO DE
JUSTICIA, AMPARADO POR EL GOBIERNO, TOMA ESTA DECISIÓN CON ABSOLUTO DESPRECIO A
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS A QUIENES NI CONSULTA NI INFORMA Y A QUIENES SIGUE
SIN GARANTIZAR LA PROTECCIÓN PLENA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA EVITAR LOS
CONTAGIOS POR COVID-19
Desde
el 23 de abril, hace casi un mes, el ministerio está ocultando los datos de
contagio en la Administración de Justicia y sigue sin aceptar que las
medidas de protección son obligatorias y que donde no se cumplen no se puede
trabajar
El Consejo de Ministros/as de ayer, a propuesta del Ministro de Justicia, acordó incorporar a la prórroga del Estado de Alarma, que se somete hoy a la aprobación del Congreso, la reanudación de los plazos procesales a partir del 4 de junio. Esto supondrá que todas las actuaciones judiciales se podrán llevar a cabo como si estuviéramos en un estado de absoluta normalidad. La realidad, sin embargo, es muy diferente.
Para atender todas las actuaciones judiciales sin ninguna limitación es necesario, al menos, el trabajo del 100% de las plantillas y todo el mundo sabe, incluso el Ministro, que en muchísimos centros de trabajo es imposible la presencia toda la plantilla (además del público y profesionales) garantizando la distancia de seguridad de 2 metros.
CCOO ha reiterado hasta la saciedad:
- Que es imprescindible que los Servicios de Prevención, con la participación de los/as delegados/as de prevención, evalúen el aforo de las oficinas antes de disponer la incorporación de más plantilla presencial.
- Que de forma inmediata debe procederse por el Ministerio y las CCAA a la compra o alquiler de nuevos edificios que permitan la incorporación de la plantilla con garantías para su salud.
- Que mientras dure la alerta sanitaria debe ser obligatoria en todos los territorios la implantación, previamente negociada, de sistemas de teletrabajo.
- Que ante la imposibilidad de atender todos los asuntos se prioricen aquéllos que afectan a los colectivos más desfavorecidos (trabajadores/as frente a empresas y administraciones, colectivos afectados directamente por la pandemia, mujeres víctimas de la violencia machista, menores, etc.) y no se practiquen otras actuaciones hasta que éstas prioritarias estén “al día”.
- Que no se vulneren los derechos del personal con jornadas de tarde obligatorias o procesos de movilidad forzosa.
- Que el Ministerio cumpla su obligación legal de vigilar la salud de su personal, lo que solo puede hacerse mediante la realización de test que detecten los contagios y eviten su propagación.
El Ministro Juan Carlos Campo ha optado desde el principio de la pandemia por tomar sus decisiones sobre nuestra salud en el trabajo tratándonos como a un rebaño de animales que se lleva y se trae al antojo de los pastores, anteponiendo a nuestro derecho a la salud la reactivación a toda costa de una ficticia normalidad en la tramitación de los procedimientos. Ha ignorado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto Básico del Empleado Público incumpliendo sus obligaciones legales de consulta, participación, información y negociación colectiva.Es extremadamente grave (e ilegal a juicio de CCOO) que desde hace casi un mes los trabajadores y las trabajadoras no tengamos conocimiento del número de personas contagiadas por el coronavirus en la Administración de Justicia, dato que el Ministerio nos oculta de forma deliberada, como así lo hemos denunciado junto con el resto de incumplimientos de la ley ante la Inspección de Trabajo, a la que hemos solicitado que se exijan las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y civiles que pudieran derivarse de la actuación de las personas responsables.
CCOO también tiene como objetivo que el Servicio Público de la Administración de Justicia se reanude lo antes posible en las mejores condiciones para la ciudadanía, especialmente en lo que afecta a los colectivos más desfavorecidos, pero eso, Sr. Ministro, no puede hacerse a costa de la salud del personal. Hay otras formas de hacerlo y las que está ordenando unilateralmente el ministro Campo están en un camino absolutamente equivocado.