Ayer tuvo lugar una nueva reunión del grupo de trabajo en el que CCOO y el resto de sindicatos de la mesa sectorial estamos formulando nuestras propuestas de enmiendas a la Ley de Eficiencia del Servicio Público (antigua LOEO) que se está tramitando en el Congreso.
Por parte del Ministerio de Justicia está asistiendo un grupo de asesores encabezado por el Subdirector General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal, sin que asistan los altos cargos (como el Secretario de Estado, la Secretaria General o la Directora General), con capacidad de decisión y negociación por lo que no hay una respuesta inmediata a nuestras propuestas.
En la reunión de ayer se
dio contestación negativa a las principales propuestas que CCOO hicimos en la reunión
anterior. Fundamentalmente relativas al tamaño de las nuevas oficinas
judiciales del proyecto de Ley de Eficiencia. CCOO hemos exigido que no
excedan a la atención a seis jueces o juezas, que estén separadas en cada
tribunal de instancia por jurisdicciones y especialidades (instrucción,
civil, enjuiciamiento penal, familia, mercantil, violencia sobre la mujer,
menores, vigilancia penitenciaria, contencioso-administrativo y social) y que
tanto las unidades de tramitación como los servicios comunes se dividan en
áreas y equipos con un máximo de 15 funcionarios o funcionarias en cada
equipo, de forma que estas oficinas, áreas o equipos constituya cada
uno de ellos un centro de destino diferenciado.
CCOO pretendemos así
garantizar y preservar, como hasta ahora, el derecho a la movilidad voluntaria
dentro de la misma localidad frente a la opción (que mantiene el ministerio a pesar de
nuestras exigencias) de que la unidad de tramitación (única en cada partido
judicial) y el servicio común en su conjunto constituyan un centro de destino
restringiendo así la movilidad.
También se han abordado las cuestiones retributivas (en las que CCOO ha reiterado su exigencia de incremento del Complemento General del Puesto, de eliminación de los grupos de población, de pago de la productividad a todos los cuerpos de todos los territorios y el pago del complemento de carrera profesional con efectos retroactivos desde enero de 2024), así como las ofertas de empleo público (para la que hemos reclamado la inclusión de todas las plazas vacantes y refuerzos de más de tres años), la promoción interna (donde hemos reivindicado la recuperación del 50% de las plazas de la OEP) y la formación (para la que CCOO pedimos que sea obligatoria y para todo el personal en materia de violencia sobre la mujer, nuevas tecnologías y protección de datos).
En cuanto a los puestos de trabajo, materia también abordada en la reunión de hoy, hemos mostrado nuestra oposición a los puestos de trabajo compatibles (que trabajen para más de una oficina simultáneamente) y deslocalizados (que realicen funciones de oficinas de otra localidad distinta de la de su ubicación física).
Entre los temas previstos en el orden del día de la reunión de hoy del grupo de trabajo estaban también los artículos de la LOPJ relativos a las funciones de cada cuerpo, cuya modificación para adaptarlas a las que se hacen realmente con un reconocimiento retributivo de las mismas a través de la subida del complemento general del puesto, constituye una de las principales reivindicaciones de la huelga.
Sorpresivamente y de forma inexplicable, el sindicato Csif ha solicitado el aplazamiento de este apartado de funciones a posteriores reuniones, propuesta aceptada por el ministerio (a pesar de las exigencias de CCOO de tratar las funciones en la reunión de ayer) que va a dificultar, aun más, la inclusión de este reconocimiento profesional y retributivo de las funciones reales en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, ya que su plazo de enmiendas en el Congreso va a finalizar, previsiblemente, a final de mayo.
CCOO hemos exigido la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial, con la presencia de los altos cargos del ministerio, para negociar de forma real y no ficticia, como en el grupo de trabajo, las materias que ya se han tratado y se vayan tratando en estas reuniones informales.
Ni la subida del complemento general del puesto, ni la implantación de la carrera profesional, ni la garantía de destinos, retribuciones y puestos de trabajo en la ley de eficiencia, ni el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones reales, ni la eliminación de los grupos de población han sido aun aceptadas por el Ministerio de Justicia.
Por tanto, todas las
reivindicaciones de la huelga, siguen aún vigentes.
