CCOO denuncia la agresión que ha sufrido un compañero del Servicio Común de
Notificaciones y Embargos de Palma de Mallorca y muestra su total apoyo al
mismo.
CCOO exige al Ministerio
de Justicia y a las CCAA que adopten de una vez las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras que ejercen sus
funciones para el mejor funcionamiento de la Administración de
Justicia.
CCOO sigue
denunciando que el personal de la Administración de Justicia se está convirtiendo
en muchos casos en el objeto del enfado de las personas desahuciadas cuando
exclusivamente están cumpliendo con su tarea de funcionarios públicos de la Administración de
Justicia, y no son responsables en absoluto de la situación de violencia que se
genera por los desahucios, que en una inmensa mayoría de los casos no
garantizan el derecho habitacional y están provocando situaciones de emergencia
social, y que CCOO, al
igual que decenas de organizaciones sociales y ciudadanas, consideran que no
pueden llevarse a cabo si no garantizan el derecho de las personas a una
vivienda digna
CCOO vuelve
a reclamar que de inmediato se garantice al personal de la Administración de
Justicia:
El apoyo total de la Administración al
personal de la Administración
de Justicia afectado en todos los aspectos (sanitarios, jurídicos y de toda
índole, incluido el apoyo de profesionales que puedan ayudarles en estas
situaciones que pueden provocar miedo y angustia)
CCOO exige que el Ministerio
de Justicia y las CCAA realicen una campaña en defensa de los empleados y
empleadas públicas en general, y del personal de la Administración de
Justicia en particular, especialmente de todos aquellos trabajadores/as que
tengan entre sus funciones las de realizar lanzamientos y embargos.
CCOO se pone a disposición de
todos los trabajadores/as afectados para ayudarles ante hechos como los
ocurridos en Palma de Mallorca.
CCOO vuelve a poner de
manifiesto que las condiciones de trabajo del personal de la Administración de
Justicia, con funciones como las derivadas de los procesos de desahucios y de
los embargos, no garantizan su seguridad ni su integridad física, y hechos como
los ocurridos demuestran la falta de responsabilidad de la Administración con
sus trabajadores/as.