El pasado viernes, como hemos informado, se publicó en el BOE la "Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos."
En dicha resolución, se incorpora, con varios años de retraso, la Directiva europea 2003/88/CE relativa a aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo,en los términos expresados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dicha directiva obliga a que se determine en norma española con nitidez que los períodos de incapacidad temporal (o riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo, permisos de paternidad o maternidad, ....), cuando coinciden con períodos de vacaciones, permiten disfrutar éstas en fecha distinta, y la resolución se ve obligada a establecer que se podrán disfrutar siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Esos años de retraso en la traslación de dicha directiva a todas las Administraciones Públicas españolas, han permitido, a la Administración Central, y a varias Administraciones autonómicas, incumplir sistemáticamente durante años la jurisprudencia europea, e impedir que muchas justa y legítimas reclamaciones de trabajadores y trabajadoras de las AAPP hayan sido estimadas por los Tribunales de Justicia españoles, al alegar algunos de ellos, que dicha directiva no estaba trasladada al ordenamiento jurídico español. Lo que para CCOO ha sido durante estos años, una forma habitual de actuar del Gobierno español, contra los derechos y las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos.
Además, para CCOO la publicación de esta norma sin haber esperado a alcanzar un avance en las negociaciones en esta materia (pues son muchas las reclamaciones que también en materia de jornada y horario han sido realizadas por CCOO), que se habían restablecido con el Gobierno, tras meses y meses sin reuniones por exclusiva responsabilidad del ejecutivo español, demuestra de nuevo a las claras la verdadera intención del Gobierno: realizar un paripé de negociación, con el único intento de convertir la negociación en un mero espectáculo propagandístico electoral.
Adjuntamos la nota informativa sobre esta cuestión de los compañeros del Sector de la Administración del Estado.