El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley que sustituye al de la anterior LOEO sin negociación y sin ninguna información a las organizaciones sindicales
- Del anuncio de Bolaños en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de ayer, y a falta de conocer su contenido, se desprende que cambia la denominación del anteproyecto pero mantiene la creación de un solo Tribunal de Instancia por cada partido Judicial en sustitución de los órganos unipersonales; la implementación de una única Oficina Judicial para cada uno de esos tribunales y la creación de oficinas de justicia en los municipios que sustituirían a los juzgados unipersonales y a los juzgados de paz.
Ni CCOO ni el personal de Justicia daremos un
paso atrás en la defensa de nuestros justos y legítimos derechos. Por eso exigimos al Ministerio que nos dé traslado del
anteproyecto de ley aprobado y que también de inmediato se inicie su
negociación en la seguiremos defendiendo: el derecho a la movilidad funcional y
geográfica voluntaria; la concreción y garantía de destino; la garantía de
todas las retribuciones actuales; la redefinición de las funciones de cada
cuerpo debidamente reconocidas y retribuidas y un incremento de las plantillas
de todos los cuerpos funcionariales
El Ministro de Justicia Felix Bolaños ha anunciado en el día de ayer la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Este nuevo proyecto legislativo es el heredero del anterior Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO) y de la parte de la Ley de Eficiencia Procesal no recogida en el RDLey 6/2023 (especialmente lo relativo a la obligatoriedad en muchos procesos judiciales de un mecanismos alternativo al judicial previo a la presentación de las demandas).
El
ministro ha manifestado que, por exigencias de la UE, deberá estar aprobado
antes del 31 de diciembre de este año.
Con
este nuevo anteproyecto de Ley (como con la antigua LOEO) muchos nos tememos
que las reformas que se presenten van a ser un mero maquillaje de la
Administración de Justicia porque no se abordan los problemas reales:
faltan jueces y juezas, falta personal del resto del cuerpos, se mezclan las
funciones que se tienen por ley con las que realmente se realizan, el personal
de los cuerpos generales y especiales no tiene ningún reconocimiento
retributivo ni profesional por su verdadero trabajo y productividad y tiene
recortadas seriamente sus expectativas laborales, tanto en relación con la movilidad
voluntaria, como en la promoción interna y carrera profesional.
Para CCOO, no basta con transformar juzgados en tribunales, y es un error y grave ataque a sus derechos, el agrupar al personal en macro-oficinas judiciales sin un destino y funciones y tareas concretas. La reforma de la Administración de Justicia pasa por la mejora de los recursos personales y materiales con los que cuenta en la actualidad, pero sobre todo porque cada cual asuma realmente su función, se le retribuya adecuadamente, y sea responsable de las consecuencias de su trabajo.
El Ministerio sabe perfectamente qué sucede en la Administración de Justicia, pero en vez de afrontar sus problemas busca perpetuar los privilegios de los de siempre a costa del trabajo del personal, manteniendo a nuestra Administración anclada en los mismos privilegios que hace 150 años. Y por aquí CCOO no va a pasar.
CCOO
denunciamos que esta nueva Ley de Eficiencia pretenda llevarse a cabo como la
anterior sin negociación colectiva con la representación de los trabajadores y
las trabajadoras que, no solo se verán afectados en sus condiciones de trabajo
por el nuevo modelo, sino que son y serán el colectivo sobre el que
necesariamente tendrá que descansar el nuevo proyecto organizativo.
Los trabajadores y las trabajadoras
de la Administración de Justicia no queremos ni vamos a consentir que se nos
trate como meros números, como meras máquinas, diluidos en oficinas
sobredimensionadas con una dirección que, a modo de capataz, determine en cada momento
en qué y cómo debemos trabajar, sin derechos y sin reconocimiento profesional
ni retributivo. Esto no será una administración del siglo XXI que debe pasar
por profesionales con gran formación y especialización, responsables de su
trabajo, con retribuciones adecuadas, con garantías de elección voluntaria de
su puesto de trabajo y destino y con expectativas reales y ciertas de promoción
profesional y carrera administrativa.
Con
trabajadores y trabajadoras sin derechos negociados, Sr. Bolaños, la Administración
de Justicia no va a funcionar. No se engañe ni pretenda engañar a la
ciudadanía.
