CCOO sigue defendiendo en solitario la movilidad voluntaria y el resto de condiciones de trabajo y no se rinde en el intento de mitigar las consecuencias de la nefasta Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que se votará mañana, 14 de noviembre, en el Pleno del Congreso.
CCOO hemos remitido un escrito a los/as portavoces de los Grupos Parlamentarios para que, al menos, voten a favor dos de nuestras enmiendas que no se han asumido en la Comisión de Justicia y que reducirían significativamente los macrocentros de destino y la movilidad forzosa que impone el proyecto de Ley con el apoyo de Csif, Staj, Ugt y Cig, que así lo pactaron con el Ministerio de Justicia.
CCOO hemos remitido a los Grupos Parlamentarios del Congreso
el siguiente escrito:
Estimado/a Sr./Sra. Diputado/a:
En el Pleno del Congreso del próximo día 14 de noviembre se va a votar el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia con el texto aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia.
Según hemos podido saber, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar va a defender en ese Pleno las enmiendas núm. 47 y 48 (que adjuntamos) presentadas en la Comisión de Justicia y no aprobadas por ésta, que están referidas al diseño de los Servicios Comunes que conforman las Oficinas Judiciales que atenderán a los nuevos Tribunales de Instancia.
El texto propuesto por la Comisión de Justicia al Pleno del Congreso contempla un solo servicio común de tramitación en cada tribunal de instancia en el que se atendería a todos los jueces y juezas sin distinción de jurisdicciones y especialidades. Y todo el servicio común sería un único centro de destino para el personal. En Madrid, por ejemplo, habría más de mil trabajadores y trabajadoras en el mismo centro destino sin posibilidad de elegir la jurisdicción o especialidad en la que trabajar.
Solo contempla la obligatoriedad de crear al menos un área (que tampoco constituiría un centro de destino) cuando el número de jueces y juezas de una misma sección sea superior a 12; con el número de juzgados actuales esta situación solo se da en 15 partidos judiciales (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma, Zaragoza, Málaga, Granada, Murcia, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Valladolid, Vigo y A Coruña) de los 437 existentes.
En las enmiendas 47 y 48 se plantean unas oficinas de tamaño razonable en las que habría un Servicio Común de Tramitación para cada Sección del Tribunal de Instancia (es decir, para cada jurisdicción y especialidad) y, dentro de estas Secciones, para la atención a un máximo de seis jueces o juezas. Con seis o más jueces o juezas de una misma jurisdicción o especialidad existen ahora 127 partidos judiciales.
Para los trabajadores y las trabajadoras es mucho más razonable que los centros de destino no tengan unas dimensiones desproporcionadas y que se pueda elegir en qué jurisdicción o especialidad se pueda trabajar y no quede al arbitrio de la decisión discrecional de la jefatura del servicio. Trabajar siempre y de forma voluntaria para una misma jurisdicción o especialidad y para atender a los/as mismos/as jueces y juezas es una garantía de que servicio público se va a prestar con mayor profesionalidad y conocimiento de la materia.
Lo mismo ocurre con el resto de servicios comunes en los que el centro de destino propuesto al Pleno por la Comisión de Justicia es la totalidad del servicio común lo que conllevará que, en las grandes capitales, coincidan en el mismo centro de destino centenares de trabajadores y trabajadoras. Frente a esta creación de macrooficinas ingobernables se plantea en la enmienda 48 que se constituyan obligatoriamente equipos de un máximo de 15 efectivos donde la organización del trabajo sea más eficiente y el personal conozca en profundidad las materias de su trabajo para dar un mejor servicio público.
La ciudadanía y profesionales de la abogacía y procura, con el modelo organizativo que se propone en las enmiendas, agradecerán poder conocer además la oficina concreta en la que se tramita “su asunto” que de la forma aprobada en comisión y propuesta al Pleno estaría diluido en las macrooficinas y en manos de una persona funcionaria que ni se sabrá quién es.
En la enmienda 47 se propone además que se apruebe para todos los tribunales de instancia una dotación básica mínima de los Servicios Comunes de Tramitación, relacionada con el número de unidades judiciales. De no ser así, podremos encontrar partidos judiciales en los que, por cada juez o jueza el servicio común esté atendido por más o menos personal sin que quede garantizada la buena prestación del servicio público. En la LOPJ actual existe la obligación de regular esta dotación básica de las Unidades Procesales de Tramitación que no entendemos porqué se ha eliminado en este proyecto.
CCOO no compartimos en general el contenido de este Proyecto de Ley porque consagra la eficiencia del servicio público de justicia a unas modificaciones organizativas que, en lo relativo a la oficina judicial, son absolutamente innecesarias y no hacen otra cosa que deteriorar aun más los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia, restringiendo al máximo su derecho a la movilidad voluntaria y a la elección del puesto de trabajo, facilitando la amortización de puestos y la reducción de retribuciones específicas y sin ninguna mejora retributiva a cambio ni de ninguna otra de las condiciones de trabajo.
Para CCOO además, ni con este nuevo modelo organizativo, ni con el que se pretendió implantar en 2013 en la llamada Nueva Oficina Judicial, ni con el que aun permanece de etapas anteriores con juzgados unipersonales atendido por un personal en exclusividad, se va a conseguir la eficiencia del servicio público de Justicia, mientras no se arregle el gravísimo problema de falta de jueces y juezas en España: con datos de Eurostat la ratio de jueces y juezas por cada 100.000 habitantes alcanza una media aproximada de 18 en la Unión Europea, mientras que en España es de algo más de 11 jueces/juezas por cada 100.000 habitantes. Y así la Justicia nunca va a funcionar en términos aceptables.
Por todo lo expuesto solicitamos su voto en contra de este Proyecto de Ley y su devolución al Gobierno.
Subsidiariamente solicitamos desde CCOO el apoyo de los
diputados y las diputadas de su Grupo Parlamentario a las enmiendas números 47
y 48 que defenderá en el Pleno el
Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar que, sin poner en entredicho el
Proyecto de Ley y su contenido organizativo, sí reducen su impacto altamente
negativo en las condiciones de trabajo del personal funcionario de la
Administración de Justicia a la vez que mejoran claramente la prestación de
este Servicio Público de Justicia a la ciudadanía.
Gracias por su atención y reciba un cordial saludo.
