En la petición de CCOO a De Llera se recoge que “decenas de funcionarios de la Administración de Justicia destinados en los Servicios Comunes de Actos de Comunicación y Ejecución de Andalucía o en los juzgados de las localidades donde no existen estos servicios comunes se ven obligados a diario a aplicar la injusta normativa legal vigente en materia de desahucios expulsando, en cumplimiento de sus funciones y de las órdenes de sus superiores, a familias que se ven abocadas muchas veces a situaciones extremas de exclusión social y marginalidad”
Además, los empleados públicos de la Administración de Justicia obligados a ejecutar los lanzamientos se ven sometidos en materia de salud laboral a factores de riesgos psicosociales extremos, catalogados por las propias administraciones públicas en multitud de documentos y normativas. Padecen un conflicto psicosocial al tener que llevar a la práctica actuaciones que consideran manifiestamente injustas y fácilmente evitables lo que puede influir negativamente en su salud.
Por último, se añade el “riesgo físico de agresiones por parte de ciudadanos lógicamente indignados que no siempre pueden discernir entre la ley y su ejecutor y que pueden pagar su justificada desesperación con el mensajero que no tiene más remedio que llevar a la práctica las resoluciones judiciales so pena de incurrir en faltas disciplinarias o incluso en delito”. Este riesgo físico se ha consumado, al menos en una ocasión, en el pasado mes de diciembre, cuando una funcionaria del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla ha resultado lesionada en una disputa que se produjo entre las fuerzas de orden público y la ciudadanía durante la práctica de una diligencia de lanzamiento.
CARTA DE CCOO DIRIGIDA AL CONSEJERO
Además, los empleados públicos de la Administración de Justicia obligados a ejecutar los lanzamientos se ven sometidos en materia de salud laboral a factores de riesgos psicosociales extremos, catalogados por las propias administraciones públicas en multitud de documentos y normativas. Padecen un conflicto psicosocial al tener que llevar a la práctica actuaciones que consideran manifiestamente injustas y fácilmente evitables lo que puede influir negativamente en su salud.
Por último, se añade el “riesgo físico de agresiones por parte de ciudadanos lógicamente indignados que no siempre pueden discernir entre la ley y su ejecutor y que pueden pagar su justificada desesperación con el mensajero que no tiene más remedio que llevar a la práctica las resoluciones judiciales so pena de incurrir en faltas disciplinarias o incluso en delito”. Este riesgo físico se ha consumado, al menos en una ocasión, en el pasado mes de diciembre, cuando una funcionaria del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Sevilla ha resultado lesionada en una disputa que se produjo entre las fuerzas de orden público y la ciudadanía durante la práctica de una diligencia de lanzamiento.
CARTA DE CCOO DIRIGIDA AL CONSEJERO