El nombramiento de Mosquera, hasta el momento secretaria judicial del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, se produce tras vencer la resistencia de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, cuyo informe es preceptivo, y que hasta el momento no había dado informe favorable a su nombramiento. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión, con una votación, al parecer, muy ajustada.
Para el Sector de
la Administración de Justicia de FSC-CCOO, que los cargos de máxima
responsabilidad de la Administración de Justicia “no se elijan exclusivamente
por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sino
probablemente por otros motivos, es un ataque al Estado de Derecho, que esta sociedad
ya no puede soportar más”.El problema es de enorme gravedad, porque actuaciones de este tipo ya se están convirtiendo en costumbre en la Administración de Justicia, donde se ve la sombra del Gobierno en decisiones de una enorme importancia, pues esos puestos, cuyos nombramientos han sido cuestionados, deben garantizar la independencia y la equidad, principios fundamentales que todos, pero sobre todo el Gobierno, deben respetar”, afirma Javier Hernández, responsable del Sector de Administración de Justicia de FSC-CCOO.
Según el sindicato, ya hay numerosas denuncias contra decisiones del CGPJ por nombramientos efectuados en los últimos tiempos para altos cargos de la Administración de Justicia. Tres asociaciones judiciales —Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente—, que representan entre todas ellas a una parte muy importante de los jueces, y muchos destacados expertos, están denunciando esta situación, porque la consideran como una fórmula espuria para lograr colocar en puestos claves a personas afines a intereses que no son los de la Administración de Justicia, lo que es absolutamente inadmisible, pues a lo que debe dedicarse el Gobierno es a resolver los graves problemas que la afectan.
CCOO denuncia ante la opinión pública estas actuaciones y exige que cesen de una vez los nombramientos en la Administración de Justicia en las que haya sombra de duda de que puedan estar influidos por decisiones en las que no intervengan exclusivamente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, más aún si esos nombramientos pudieran guardar relación con intereses del Gobierno. Porque estas decisiones son las que hacen que la ciudadanía se cuestione la imparcialidad y la eficacia de la Administración de Justicia.