En esta Ley, el Gobierno modifica la Ley 10/2012 por la que introdujo las tasas judiciales, en el sentido de eliminar, entre otras, las tasas judiciales para las personas físicas, y modifica la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, introduciendo de forma efectiva la Mesa General de Negociación de la Administración de Justicia, junto a las de Educación y Sanidad, además de las ya existentes de la Administración General del Estado y la de las Administraciones Públicas (AAPP).
También modifica las unidades electorales en la Administración de Justicia, estableciendo una sola Junta de Personal en cada provincia para todo el personal funcionario a su servicio. Esta redacción debería haber servido de forma evidente para que los Secretarios Judiciales estuvieran incluidos en el censo de cada una de las provincias para los procesos electorales que acaban de finalizar, a pesar de lo dictado por algunos Juzgados en los recursos interpuestos en los últimos meses, absolutamente contradictorio con la redacción de esta norma.
Pues la redacción no deja lugar a dudas de que es imposible crear más de una Junta de Personal en cada provincia, por lo que deja al colectivo que no sea incluido en el censo (en este caso, en algunos ámbitos, los secretarios judiciales) sin representación legal, lo que constituye para CCOO un ataque sin precedentes a un derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución, de miles de trabajadores/as.
Todas estas modificaciones legales ya habían sido aprobadas por el Gobierno mediante el Real Decreto-Ley 1/2015 (BOE de 28 de febrero, del que informamos en su día), con el mismo nombre rimbombante de la Ley ahora publicada, y ahora se llevan a esta Ley pero sin ningún cambio de contenido.
Muchas de estas modificaciones, especialmente la eliminación de las tasas judiciales a las personas físicas, se han logrado gracias a la enorme presión ciudadana en la que CCOO ha tenido una importante participación.
También ha sido decisivo el papel de CCOO para lograr la instauración legal de la mesa sectorial de la Administración de Justicia, frente a organizaciones que se declaran exclusivas de Justicia y que nada han hecho por lograrlo, pues el ámbito de la discusión y la negociación estaba fuera de su alcance al carecer de representación alguna en el conjunto de las Administraciones Públicas.
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