CCOO
EXIGE AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES NO
PARALICE EL RECONOCIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS LABORALES Y
RETRIBUTIVOS
Que
el gobierno esté en funciones no puede ser una excusa para retrasar
el cumplimiento de los acuerdos firmados con CCOO
y a seguir negociando las mejoras profesionales y retributivas
pendientes
Tras el parón veraniego, representantes del Sector de Justicia de
CCOO hemos mantenido una primera reunión con el Subdirector General de Medios Personales de la Administración de Justicia
Con carácter general, en
materias que afectan a todos los territorios con competencias transferidas o no, CCOO hemos reclamado el comienzo inmediato de las negociaciones para:
- La implantación y retribución de la carrera profesional horizontal.
- El mantenimiento definitivo del Registro Civil en la Administración de Justicia y de las oficinas de este servicio público en todos los partidos judiciales y Juzgados de Paz
- La modificación del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo para acabar con la discrecionalidad en la concesión de comisiones de servicio y sustituciones y el reconocimiento del 100% en las sustituciones verticales y para que se garantice la inclusión en los concursos de traslado de todas las plazas vacantes
- La convocatoria de las pruebas selectivas de la OEP 2019 con un número de plazas suficientes para reducir al 6% la tasa de temporalidad y con la convocaría extraordinaria de plazas para promoción interna en todos los cuerpos generales y especiales que tenemos pactada (también de Ayudantes a Técnicos Especialistas de Laboratorio del INT, bloqueada desde hace lustros)
- También hemos solicitado la corrección inmediata y “de oficio” de los errores en las cotizaciones a la Seguridad Social, tal y como se pactó en el Acuerdo de 2015
AMBITO NO TRANSFERIDO
Para el personal de este ámbito, hemos exigido al Ministerio:
- La subida del complemento específico en un mínimo de 300 euros mensuales.
- El pago de las cantidades establecidas en concepto de fondos adicionales para eliminar las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, comenzando por los Juzgados de Paz y las localidades con Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción del grupo III.
- La conversión inmediata en plantilla de las plazas de refuerzo con más de tres años de antigüedad, especialmente en Órganos Centrales donde el Ministerio está incumpliendo de forma inaceptable el compromiso alcanzado en el acuerdo firmado con CCOO y otras organizaciones sindicales en diciembre de 2015.
- La recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
- La valoración individualizada de cada uno de los puestos de trabajo de la oficina judicial, tanto de las RPTs ya aprobadas como de las de próxima implantación como obliga una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
- La convocatoria de Comisiones de Servicio y Sustituciones debidamente negociadas y reguladas para acabar con los arbitrariedades que hasta ahora se están produciendo.
El representante del Ministerio de Justicia nos ha informado de la
inmediata negociación del reparto de los fondos adicionales así como del incremento del plantilla en los servicios comunes de las localidades en las que está implantada la oficina judicial y en las que van a crearse nuevos órganos judiciales a partir del 31 de diciembre de este año
En relación con los incrementos retributivos que demandamos el Ministerio acepta que son justas y necesarias estas demandas y que únicamente son motivos de escasez presupuestaria los que impiden llevarlas a cabo.
Nos informan que el Ministerio de Justicia ha comunicado a Hacienda la necesidad de fondos para incrementar el número de órganos judiciales y plantilla que permitan atender las necesidades del servicio público de la Administración de Justicia y también para atender mejoras en las retribuciones del personal, pero que ven muy difícil que haya dinero para ambas necesidades. Ante este supuesto el Ministerio optaría por priorizar la creación de nuevos juzgados frente al incremento de retribuciones.
CCOO hemos manifestado que no vamos a aceptar este chantaje y que el Gobierno, en funciones o no, está obligado a prestar un servicio público de calidad y también, y con la misma prioridad, a retribuir a su personal de forma justa, adecuada y no discriminatoria respecto a otros ámbitos territoriales. De no rectificar la posición del gobierno seguiremos adelante con la convocatoria de movilizaciones con toda la contundencia que sean necesaria.
