CCOO JUSTICIA CONVOCA NUEVOS ACTOS DE PROTESTA EN MADRID ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA DEL PAIS VASCO Y DE TODO EL ESTADO
Tras la aprobación por el
Gobierno del RD ley 6/23, de 19 de diciembre, de medidas urgentes para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas
en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye al
de la anterior LOEO, sin negociación y sin ninguna información a las
organizaciones sindicales, CCOO ha decidido junto con STAJ y CIG seguir con
movilizaciones ante el Ministerio de Justicia.
Como las movilizaciones de los días 20 y 21 de marzo en Madrid,
no han conseguido que en la primera reunión de los grupos de trabajo del día 16
de abril el Ministerio acceda a tener en cuenta nuestras alegaciones, lo que queda de la unidad sindical de la
huelga convocada ante el Ministerio: CCOO, STAJ y CIG, junto con los sindicatos que se
quieran sumar realizaremos las
siguientes movilizaciones en Madrid:
El
día 25 de abril, coincidiendo con el segundo día de grupo de
trabajo, los Delegados de CCOO de todo el Estado, incluidos los de Euskadi, nos
concentraremos ante el Ministerio de justicia y el 27 de abril también acudiremos desde Euskadi, a la manifestación convocada para todo el
personal de justicia todo el Estado.
El
acuerdo firmado por ELA y LAB con el Gobierno Vasco el
pasado 7 de junio de 2023 poniendo fin a su huelga paralela, no dio respuesta ni acabó con nuestras
reclamaciones de la huelga convocada a nivel estatal contra el Ministerio de
Justicia, sino que puso obstáculos a la consecución de los objetivos que
nos marcamos en toda España, como
también el Acuerdo Firmado por CSIF y UGT con el Ministerio de Justicia
solamente para el ámbito transferido, ha venido a entorpecer las negociaciones
con el Ministerio
¿Por
qué creemos necesarias estas movilizaciones ante el Ministerio de Justicia?:
-Desde CCOO hemos
manifestado nuestra total oposición a las macrooficinas judiciales
que se plantean para que se garantice la movilidad siempre voluntaria a puestos de trabajo concretos del mismo u
otro municipio, se pueda elegir la jurisdicción y la sede en la que se trabaja
y no se produzcan en ningún caso pérdida de puestos de trabajo ni de
retribuciones.
-Exigimos
además que los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en el
municipio no entren en funcionamiento hasta que no se negocien las nuevas
Relaciones de Puestos de Trabajo que en ningún caso se impondrán
unilateralmente por la administración entre Enero y Julio de 2025 como plantea
el proyecto de ley que podéis consultar en el siguiente enlace: Proyecto de “Ley Orgánica de medidas en materia de
eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la
protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y
usuarios”(antiguaLOEO). En este Boletín
que CCOO
difundió en plena huelga en el mes de abril de 2023 explicábamos
pormenorizadamente el texto que se estaba debatiendo en el Parlamento y que, al
ser exactamente igual, es perfectamente válido a día de hoy.
-Como podéis ver en el Proyecto, se dispone un calendario
de fechas muy urgente para la entrada en funcionamiento de los nuevos
Tribunales de Instancia y Oficinas de Justicia del municipio y
simultáneamente de las nuevas RPTs. Según el Proyecto de Ley el calendario
previsto para la implantación de los Tribunales de Instancia y, de forma simultánea,
de la Oficina Judicial, se inicia en enero de 2025 y finaliza el 1 de julio
de 2025.
De esta forma, a fecha concreta, las actuales RPTs
o las plantillas, donde no está implantada actualmente la NOJ, se
transformarían, con negociación previa o sin ella, en las nuevas RPTs.
No
existe garantía alguna de que, no se imponga la movilidad forzosa del personal afectado,
tanto funcional como geográfica ni de que se perciban la totalidad de las
retribuciones del puesto de origen.
Desaparecen
los puestos de trabajo en órganos o jurisdicciones concretas o en secciones
concretas de los servicios comunes: una sola unidad procesal de tramitación y el
conjunto de cada servicio común procesal como destino en cada partido judicial,
con lo que se elimina o se reduce al mínimo la movilidad voluntaria dentro de
un mismo municipio. Por ello, el puesto de trabajo como tal desaparece
quedando diluido en estos pocos centros de destino, en los que la persona
responsable funcional del mismo podrá “trasladar” con carácter forzoso a
cualquier funcionario o funcionaria de un puesto a otro, físicamente o
funcionalmente, encomendándole en cada momento funciones relativas a una u otra
jurisdicción o secciones de los Tribunales de Instancia.
La
movilidad voluntaria en los concursos de traslado y las funciones y tareas
concretas en cada puesto de trabajo, solo quedaría garantizada con centros de
destino concretos y determinados por unas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT´s) negociadas antes
de la implantación de los Tribunales de Instancia y de las Unidades de
Tramitación Procesal (UTRAM) que el Gobierno nos quiere imponer. La
importancia de negociar las RPT´s reside
en que tanto el Ministerio como las CCAA con competencias como la del País Vasco
tienen la posibilidad de imponer sin negociar para los nuevos puestos de
trabajo: su ubicación, los requisitos establecidos para su desempeño (como
el perfil lingüístico que reclama ELA ante el Ministerio), sus
retribuciones complementarias sin garantía de las actuales, si es genérico o
singularizado, el número y ubicación de los puestos de trabajo que hacen
guardias, el número de puestos compatibles y/o deslocalizados, si se provee por
concurso o por libre designación, el cuerpo o cuerpos que pueden desempeñarlo,
sus funciones específicas y el número de puestos de trabajo en cada localidad y
en cada oficina judicial.
-Por ello desde CCOO
seguiremos reclamando en los grupos de trabajo, en las mesas sectoriales y en
las movilizaciones:
a) Una organización que tenga en cuenta en la
UTRAM y en los Servicios Comunes nuestra especialización por jurisdicciones y la
división por equipos o áreas necesarias sin superar un
número de jueces razonable de los que se dependa dentro de los Tribunales de
Instancia que van a sustituir a los actuales Juzgados.
b) Nuestras retribuciones acordes al
reconocimiento de nuestras funciones y tareas, insistiendo en la vía
del complemento general del puesto como vía más justa para su reconocimiento,
incluyendo la supresión de Grupos de Población.
c) El
pago del complemento de carrera profesional con efectos retroactivos desde enero de 2024. Se iniciaron grupos
de trabajo para negociarla, pero ninguno de los sindicatos que participaron
consiguieron sacar adelante que lo empezáramos a cobrar.
d) La
eliminación del texto de la Ley, de los puestos de trabajo compatibles (que trabajen para más de una oficina
simultáneamente) y deslocalizados (que realicen funciones de oficinas de
otra localidad distinta de la de su ubicación física), pues
se incluye la posibilidad de puestos de trabajo en los que se establezca
que su actividad es compatible con distintas unidades de la Oficina Judicial,
en los que se trabaje de forma compartida o exclusiva para unidad distinta
del lugar físico en que se encuentra, incluidas las de otras localidades
diferentes.
e) La
eliminación de la posibilidad de que los tribunales de instancia puedan asumir
la competencia de más de un partido judicial o de más de una provincia, con lo
que verían muy incrementada su carga de trabajo, sin que esté previsto el
incremento de personal. Por contra, en
los partidos judiciales y provincias en los que algunas de sus competencias
sean asumidas por el tribunal de instancia de otro partido judicial o a más de
una provincia se reducirán sustancialmente el número de puestos de
trabajo.
f) Tras
la vergüenza de gestión por parte del Ministerio de Justicia, que las ofertas
de empleo público incluyan todas las plazas vacantes y refuerzos de más de
tres años, la recuperación del 50% de las plazas en la promoción
interna y una verdadera formación sobre todo en nuevas tecnologías y
protección de datos.
g) El
Ministerio de Justicia quiere que nos hagamos cargo de muchas de las funciones y tareas que lleva aparejada una digitalización
sin negociar y totalmente apresurada para recibir los fondos europeos, pero se
niega a retribuir esas nuevas funciones y tareas.
h) La negociación de las RPT´s del Registro
Civil y de las futuras Oficinas de Justicia municipales que sustituirán a los
actuales Juzgados de Paz.
En el País Vasco, estamos cobrando un complemento por la
equiparación que se nos debía desde que por todos los sindicatos se firmó el IV
Acuerdo de Equiparación en el año 2010, pero el resto de cuestiones: ni el
reconocimiento de nuestras funciones y tareas mediante una retribución
adecuada, ni la implantación de la carrera profesional, ni la garantía de
destinos, retribuciones y puestos de trabajo en la ley de eficiencia, ni la
eliminación de los grupos de población han
sido aún negociadas ni aceptadas ni por el Ministerio de Justicia, ni por el
Gobierno Vasco
Por todo ello, CCOO SEGUIREMOS RECLAMANDO (también los Delegados de
Euskadi ante el Gobierno Vasco) la convocatoria inmediata de la Mesa Sectorial,
con la presencia de los Altos cargos del Ministerio, para negociar de forma
real y no ficticia, como en el grupo de trabajo, las materias que ya se han
tratado y se vayan tratando en estas reuniones informales.
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