Ayer, 16 de julio tuvo lugar la reunión
convocada por la Dirección de la Administración de Justicia (DAJ) para informar
sobre el proceso de implantación de los Tribunales de Instancia en Eibar,
Donostia y Vitoria-Gasteiz, la situación de la planta judicial tras el decreto
de creación de nuevas plazas judiciales y presentar el borrador de la Orden de
estructura y la propuesta inicial de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de
Bilbao. Lo primero que quiso dejar claro la Dirección fue que
esta reunión y por ende la propuesta trasladada era un globo sonda de haber por
donde respirábamos los sindicatos, un punto de partida para empezar a trabajar
en la implantación de Bilbao. Información
proceso de implantación en Eibar, Donostia y Vitoria-Gasteiz La DAJ trasladó que el concurso específico en Eibar
está a punto de finalizar y que esperan llevar a cabo todo el proceso de
acoplamiento del personal titular en ese partido judicial en el mes de julio,
dejando para septiembre el personal en comisión de servicios y sustituciones y
el personal interino. En Donostia el concurso específico ha tenido mucha
participación (más de 80 personas), en julio tienen intención de sacar las
provisionales y si hubiera pocas reclamaciones incluso la resolución
definitiva, para seguir con el resto del proceso de acoplamiento ya en
septiembre. Vitoria-Gasteiz. El concurso específico se quiere
anunciar y publicar en julio/agosto, pero difiriendo las solicitudes a
septiembre y a partir de ahí continuar. El proceso en Barakaldo comenzaría posteriormente a lo
indicado, esto es, una vez finalizado el periodo vacacional (entendemos que
septiembre/octubre). Con carácter previo a esta reunión, CCOO
presentó un documento de alegaciones con el objetivo de que la reorganización
de los servicios en Bilbao responda a las necesidades reales de los órganos
judiciales y garantice el mantenimiento del empleo y unas condiciones de
trabajo adecuadas. Respecto a la adaptación de edificios, en Eibar hay
poca cosa que modificar; en Donostia, San Martín no hay problemas, pero Atotxa
va a requerir bastante más trabajo de adaptación, lo que provocará más
incidencias y molestias en el trabajo con una planificación de obras bastante
compleja; Vitoria-Gasteiz y Barakaldo se está trabajando en las adaptaciones. Información
sobre planta judicial conforme último decreto (creación de 17 nuevas plazas
judiciales en Euskadi). El Departamento nos trasladó su análisis sobre el
contenido del decreto de creación de 17 nuevas plazas en Euskadi de las que os
informamos en la hoja del pasado 9 de julio. Ante nuestra preocupación al respecto, la DAJ nos
trasladó que están trabajando para que la creación de una plaza judicial conlleve
automáticamente una dotación de personal de Cuerpos Generales (que nos dejaron
MUY CLARO que va a ser menor a la que actualmente se aplica cuando se crea un
nuevo juzgado). Esto debe llevarse al ámbito presupuestario, por lo que nos
explicaron que están trabajando para ello con Hacienda y Función Pública, que
son trámites complejos y que no creen que esté listo para hacerlo
simultáneamente a la entrada en funcionamiento de estas 17 plazas judiciales
del decreto. Desde CCOO esperamos equivocarnos al respecto, pero no
tenemos tan claro que esto vaya a materializarse, sospechamos que la creación
de nuevas plazas judiciales no va a conllevar el aumento automático de la
plantilla de cuerpos generales del área correspondiente. Esperemos que la DAJ
cumpla su compromiso y el personal de Justicia en Euskadi vaya ampliándose con
el más que previsible futuro aumento de la planta judicial y que este no
supongo, como sospechamos, un simple aumento de la carga individual del personal
que integre el área afectada, es decir, más trabajo a repartir entre el mismo
personal. Borradores de orden de estructura y de propuesta inicial como punto de partida en la relación de puestos de trabajo de Bilbao. Lo primero que quiso dejar claro la Dirección fue que esta reunión y por ende la propuesta trasladada era un globo sonda de haber por donde respirábamos los sindicatos, un punto de partida para empezar a trabajar en la implantación de Bilbao. También nos trasladaron que en septiembre nos trasladarán la propuesta de plazas con perfil lingüístico. Con carácter previo a la reunión y a la vista de los
borradores remitidos por la DAJ, CCOO presentó un documento de alegaciones con el
objetivo de que la reorganización de los servicios en Bilbao responda a las
necesidades reales de los órganos judiciales y garantice el mantenimiento del
empleo y unas condiciones de trabajo adecuadas. La posición de CCOO Desde CCOO hemos defendido que cualquier proceso de
reasignación de personal debe partir de un principio básico: mantener las
plantillas actuales en cada jurisdicción y área, incorporando además el personal de refuerzo que actualmente resulta
imprescindible para el funcionamiento diario de los órganos judiciales.
Entendemos que este personal no puede quedar al margen del proceso de
implantación y que la Administración debe abordar su consolidación e
integración en las nuevas estructuras y que de haberlo hecho con carácter
previo todo hubiera sido más sencillo. Asimismo, hemos denunciado que la propuesta presentada
por la DAJ carece de una justificación suficiente. No se nos han
facilitado estudios de cargas de trabajo, datos de actividad ni criterios
objetivos que expliquen la distribución de efectivos propuesta. Una
reorganización de esta magnitud no puede sustentarse únicamente en decisiones
organizativas sin respaldo documental, sino que debe apoyarse en un análisis
riguroso de las necesidades reales de cada servicio. Respecto al diseño organizativo, CCOO considera que la estructura
planteada resulta insuficiente para un partido judicial de la dimensión y
complejidad de Bilbao. Hemos defendido la creación
de un mayor número de equipos en determinadas áreas, así como la
incorporación de un área/equipo de Apoyo e Información en el SCG integrado por
parte del personal de Auxilio y también un Servicio de Apoyo que permita
responder con mayor eficacia a incrementos de carga de trabajo o situaciones
extraordinarias y que colabore en tareas de formación a nuevo personal. También
seguimos defendiendo la conveniencia de crear un área o equipo específico de
ejecución. En relación con la distribución del personal, hemos manifestado nuestro desacuerdo con
varias de las reducciones de efectivos planteadas por la Administración,
especialmente en aquellos servicios que ya soportan importantes cargas de
trabajo. Consideramos especialmente preocupantes los recortes contemplados en el SCACE (ya que ahora tienen que hacer
los actos de ejecución de todo el partido) y en otras áreas jurisdiccionales,
así como la insuficiente dotación propuesta para otras como Civil, Penal o
Ejecutorias. Del mismo modo, hemos reclamado que la planificación tenga en
cuenta las nuevas plazas judiciales previstas y la realidad del trabajo que
actualmente se desarrolla en cada servicio. Finalmente, también hemos reiterado que la distribución de los puestos de Gestor/a
Responsable debe ajustarse a la dimensión real de las áreas y equipos que
deberán coordinar, evitando que una sola persona asuma responsabilidades sobre
plantillas excesivamente numerosas, lo que comprometería tanto la eficacia
organizativa como el propio atractivo de estos puestos ya que los actuales
baremos retributivos no están pensados para estos números de personal al cargo
y el complemento está, según nuestro punto de vista, por debajo de lo que
correspondería. Desde la DAJ, la asesora Inés Soria nos respondió a
algunas de estas cuestiones:
Valoración
provisional de CCOO La implantación de los Tribunales de Instancia
constituye una de las mayores transformaciones organizativas de la
Administración de Justicia de los últimos años y debe realizarse con criterios
objetivos, transparencia y negociación real. Desde CCOO seguiremos defendiendo una implantación que
garantice el mantenimiento de las plantillas, el reconocimiento del personal de
refuerzo, una distribución equilibrada de los efectivos y una organización
adaptada a las cargas de trabajo reales, evitando que este proceso suponga un
deterioro de las condiciones laborales o de la calidad del servicio público que
prestamos.
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