Os informamos de que ya es un hecho la decisión “político-judicial” que ha adoptado el Gobierno vasco iniciando los trámites necesarios para recurrir al Tribunal Supremo, en casación en interés de ley, la sentencia que le condenaba al abono prácticamente integro de la paga extra de 2012, conseguida recientemente por CCOO en un juzgado de lo contencioso administrativo de Bizkaia, y que, a pesar de ello, se va a ver obligado a cumplir, puesto que la misma era firme desde que se dictó.
Los motivos que recoge el artículo 100 de la LJCA para interponer un recurso de casación en interés de ley son: “cuando estimen gravemente dañosa para el interés general y errónea la resolución dictada”. No estaría de más que el Gobierno vasco explicara en qué sentido puede ser gravemente dañosa para el interés general dicha sentencia.
· CCOO considera esta decisión un grave ataque a todo el colectivo de justicia de Euskadi, teniendo en cuenta que, con la sentencia, tenía un mecanismo legal para “abrir” el camino de la restitución de parte de los derechos retributivos robados, que podía utilizar perfectamente en el campo legal y político ante Madrid.
· Su decisión es, también, de una hipocresía sin límites. Nos toman por tontos e intentan engañarnos escudándose en “las obligaciones legales que inexcusablemente deben cumplir, obligados por los mandatos del gobierno central”. Pues no, Sr. ERKOREKA, no nos engaña.
· Uno de los gobiernos autonómicos que más critica las decisiones del gobierno central, el de Euskadi, hace seguidismo y actúa igual que el gobierno del PP, practicando una política de recortes parecida entre el colectivo de trabajadores y trabajadoras de sus sectores públicos. A pesar de que ahora la coyuntura es favorable para “relajar esas obligaciones centralistas”, léase: la devolución del 25 % de la paga extra; disponen de sentencias favorables para iniciar su abono con cobertura legal ante el gobierno central; hay CCAA que ya la han abonado, y existe voluntad de hacerlo en otras, etc.
· Igualmente, el Gobierno de Urkullu conoce de primera mano que las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, y muchos ayuntamientos de Euskadi, incluidos los de Bilbao y Donostia, han abonado la paga extra 2012, y han aplicado subidas salariales en 2014 y 2015, reanudando también los pagos a las EPSV. El Gobierno vasco, en cambio, no aporta las cuotas de ITZARRI desde 2012, mantiene congelados nuestros salarios, y no sólo no abona la paga extra, sino que recurre la sentencia que le obliga a hacerlo, poniendo de relieve las ganas que tiene de contravenir los mandatos del Gobierno central.
Por lo tanto, Sr. Erkoreka - GOBIERNO VASCO, la conclusión es aplastante: son unos hipócritas que intentan engañar a la ciudadanía y a las trabajadoras y trabajadores vascos con “el discurso del obligado cumplimiento de la legalidad centralista”. Practican, echándole la culpa al gobierno del PP, una política de recortes salariales y sociales, una política de derechas que, en definitiva, perjudica gravemente los derechos del colectivo de justicia y de todo el sector público vasco.