A falta de pocos días para cerrar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y dentro del compromiso de negociación asumido por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el Gobierno es incapaz de traer una propuesta a la mesa de negociación.
La reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo de la AGE convocada el 27 de julio por la Dirección General de Función Pública —que responde a los compromisos de negociación expresados por el secretario de Estado de Administraciones Públicas respecto a la Oferta de Empleo Público, los ámbitos que a este respecto deben considerarse prioritarios o la tasa de reposición— solo puede calificarse como un absoluto despropósito en cualquiera de los planos desde donde se quiera analizar.
Tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado del pasado día 16 de julio, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se escudó en la necesidad de escuchar —otra vez— a las organizaciones sindicales antes de indicar los límites en los que debían situarse las propuestas del Gobierno para ser respetuosos con el proceso de negociación.
Sin embargo, esta reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, que se produce una vez finalizadas las reuniones “bilaterales” con las organizaciones sindicales, siguiendo el método fijado por Beteta para “escuchar” a los sindicatos, el Gobierno no ha traído a la mesa ni una sola propuesta, ni el más mínimo análisis de la situación, ni un solo criterio de actuación de cara al futuro. Nada sobre la mesa, más allá de un orden del día genérico y hueco que vuelve a poner de manifiesto que la voluntad que expresa este Gobierno del Partido Popular respecto a la negociación en la Administración Pública es meramente estética y una falacia adicional en toda la campaña de propaganda diseñada en torno a la recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos.
A un esquema de negociación vacío, un esquema que raya la absoluta falta de respeto hacia toda la representación sindical presente y que sirve para calibrar sobre qué bases sigue construyendo este Gobierno las relaciones laborales en la Administración General del Estado, se une la sensación de que en materia de empleo en este ámbito la situación viene dominada por la improvisación, por la ocurrencia en el último minuto y por una ignorancia completa de cuál es la realidad que sufren todos los servicios dependientes de esta Administración.
Desde CCOO se ha denunciado este nivel de irresponsabilidad. Esta Administración no puede seguir perdiendo recursos humanos. No se lo puede permitir este Gobierno y mucho menos la ciudadanía, que es la que sufre las consecuencias del deterioro en los servicios.
Según manifiesta el Gobierno, estamos en un periodo de recuperación de empleo, si bien es cierto que de un empleo de muy baja calidad, pero aún es más cierto que la Administración Pública es el único sector de actividad que no se une a ese crecimiento, tal y como recoge la EPA.
Los últimos cuatros años han estado dominados por una tasa de reposición de carácter general del 0%. Se han identificado en estos años sectores prioritarios de actuación, pero no para mejorar el volumen empleo en los mismos, sino para reducir su personal a un ritmo menor. Las políticas de este Gobierno siempre han provocado una pérdida neta y significativa de empleo en la Administración General del Estado.
La reunión de ayer ni siquiera sirvió para enterrar definitivamente ese tipo de políticas en materia de empleo en esta Administración, como parecía anunciar la representación del Gobierno en la Mesa de General de Negociación AGE.
Mientras el ministro Montoro es capaz de declarar en sede parlamentaria, y coincidiendo con la tramitación de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que el Estado no se puede seguir descapitalizando de recursos humanos, en la mesa de negociación ni se confirma dicha orientación ni hay propuestas que hagan presumir esa voluntad.
Para CCOO no solo es fundamental acabar con la tasa de reposición y con las políticas restrictivas en esta materia. Además es urgente realizar una valoración de todos aquellos servicios que se encuentran en una situación de alarma, cercanos al colapso, y establecer las medidas correctoras a través de ofertas de empleo extraordinarias que permitan recuperar el nivel mínimo de plantilla que garantice el servicio de cara a la ciudadanía. Por otro lado, no podemos olvidar los niveles de precariedad en el empleo que han vuelto a resurgir en este ámbito y que obligan a determinar cuánto es empleo estructural que debe quedar recogido en la oferta de empleo, así como la necesidad de revertir muchas de las parcelas de actividad de esta Administración que han sido privatizadas por este Gobierno a un coste incomprensible, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de servicio público.
Desgraciadamente, no ha sido posible tratar de nada de lo indicado. Esta última reunión ha sido una torpeza y una caricatura de lo que debiera ser la negociación colectiva en el ámbito de la Administración General del Estado.
A falta de pocos días para cerrar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Gobierno es incapaz de traer una propuesta a la mesa de negociación. Con ello no podemos sino afirmar que la supuesta negociación en materia de empleo en la Administración General del Estado es una burla al sentido común y a la situación que sufren muchos de sus servicios y que la pretendida voluntad negociadora expresada por el Gobierno es simplemente propaganda.
Tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado del pasado día 16 de julio, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se escudó en la necesidad de escuchar —otra vez— a las organizaciones sindicales antes de indicar los límites en los que debían situarse las propuestas del Gobierno para ser respetuosos con el proceso de negociación.
Sin embargo, esta reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, que se produce una vez finalizadas las reuniones “bilaterales” con las organizaciones sindicales, siguiendo el método fijado por Beteta para “escuchar” a los sindicatos, el Gobierno no ha traído a la mesa ni una sola propuesta, ni el más mínimo análisis de la situación, ni un solo criterio de actuación de cara al futuro. Nada sobre la mesa, más allá de un orden del día genérico y hueco que vuelve a poner de manifiesto que la voluntad que expresa este Gobierno del Partido Popular respecto a la negociación en la Administración Pública es meramente estética y una falacia adicional en toda la campaña de propaganda diseñada en torno a la recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos.
A un esquema de negociación vacío, un esquema que raya la absoluta falta de respeto hacia toda la representación sindical presente y que sirve para calibrar sobre qué bases sigue construyendo este Gobierno las relaciones laborales en la Administración General del Estado, se une la sensación de que en materia de empleo en este ámbito la situación viene dominada por la improvisación, por la ocurrencia en el último minuto y por una ignorancia completa de cuál es la realidad que sufren todos los servicios dependientes de esta Administración.
Desde CCOO se ha denunciado este nivel de irresponsabilidad. Esta Administración no puede seguir perdiendo recursos humanos. No se lo puede permitir este Gobierno y mucho menos la ciudadanía, que es la que sufre las consecuencias del deterioro en los servicios.
Según manifiesta el Gobierno, estamos en un periodo de recuperación de empleo, si bien es cierto que de un empleo de muy baja calidad, pero aún es más cierto que la Administración Pública es el único sector de actividad que no se une a ese crecimiento, tal y como recoge la EPA.
Los últimos cuatros años han estado dominados por una tasa de reposición de carácter general del 0%. Se han identificado en estos años sectores prioritarios de actuación, pero no para mejorar el volumen empleo en los mismos, sino para reducir su personal a un ritmo menor. Las políticas de este Gobierno siempre han provocado una pérdida neta y significativa de empleo en la Administración General del Estado.
La reunión de ayer ni siquiera sirvió para enterrar definitivamente ese tipo de políticas en materia de empleo en esta Administración, como parecía anunciar la representación del Gobierno en la Mesa de General de Negociación AGE.
Mientras el ministro Montoro es capaz de declarar en sede parlamentaria, y coincidiendo con la tramitación de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que el Estado no se puede seguir descapitalizando de recursos humanos, en la mesa de negociación ni se confirma dicha orientación ni hay propuestas que hagan presumir esa voluntad.
Para CCOO no solo es fundamental acabar con la tasa de reposición y con las políticas restrictivas en esta materia. Además es urgente realizar una valoración de todos aquellos servicios que se encuentran en una situación de alarma, cercanos al colapso, y establecer las medidas correctoras a través de ofertas de empleo extraordinarias que permitan recuperar el nivel mínimo de plantilla que garantice el servicio de cara a la ciudadanía. Por otro lado, no podemos olvidar los niveles de precariedad en el empleo que han vuelto a resurgir en este ámbito y que obligan a determinar cuánto es empleo estructural que debe quedar recogido en la oferta de empleo, así como la necesidad de revertir muchas de las parcelas de actividad de esta Administración que han sido privatizadas por este Gobierno a un coste incomprensible, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de servicio público.
Desgraciadamente, no ha sido posible tratar de nada de lo indicado. Esta última reunión ha sido una torpeza y una caricatura de lo que debiera ser la negociación colectiva en el ámbito de la Administración General del Estado.
A falta de pocos días para cerrar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, el Gobierno es incapaz de traer una propuesta a la mesa de negociación. Con ello no podemos sino afirmar que la supuesta negociación en materia de empleo en la Administración General del Estado es una burla al sentido común y a la situación que sufren muchos de sus servicios y que la pretendida voluntad negociadora expresada por el Gobierno es simplemente propaganda.