CCOO anuncia movilizaciones para exigir la mejora de los servicios públicos y la recuperación de los derechos de empleadas y empleados del sector
CCOO movilizará a sus delegados y delegadas
sindicales del conjunto del Área Pública el próximo miércoles 10 de noviembre
de 2021, para exigir un aumento del gasto público en los servicios que
garantizan los derechos de la ciudadanía, así como para lograr la recuperación
de los derechos arrebatados a los más de tres millones de empleadas y empleados
públicos.
Esta movilización consistirá en
concentraciones de nuestras Delegadas y Delegados, a las 11:00 horas ante las sedes de las
subdelegaciones del Gobierno de la inmensa mayoría de provincias de España, y
ante la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de Madrid.
En Euskadi las movilizaciones serán en :
Araba: Fray Francisco de Vitoria 17, Gasteiz (11:00 h)
Bizkaia: Plaza Moyua, Bilbao (11:00 h)
Gipuzkoa: Plaza Pío XII Donostia (11:00h)
España debe recuperar el gasto social
anterior a la crisis económica para acercarse a los países de su entorno y,
sobre todo, garantizar los derechos de la ciudadanía que la austeridad extrema
empeoró, con copagos o dificultades de acceso a los servicios públicos, entre
otros. En la misma medida, hay que mejorar sus condiciones laborales.
Desde CCOO recriminamos al Gobierno el
incumplimiento de los compromisos adquiridos con el sindicato. Se debe
resolver el resto de las materias que aún están pendientes del II Acuerdo para
la mejora del empleo público de 2018, y más recientemente en el Acuerdo de 5 de
julio de 2021, que incluye la negociación de un III Acuerdo bianual para
continuar en la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo y
salariales. Por ello, reclamamos que se garantice, entre otros asuntos:
- Salarios: es necesario recuperar el poder adquisitivo
perdido por las empleadas y empleados públicos durante la crisis. Se
perdieron entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra, y solo se han
recuperado 4 hasta ahora. El Gobierno impuso, sin negociación, una subida
salarial del 0,9% en 2021 y ahora, en el Proyecto de Ley de PGE de 2022,
del 2%, medidas que no avalamos porque se alejan de los objetivos marcados
de recuperación del poder adquisitivo. También hay que recuperar e
incrementar los fondos adicionales como parte de las propias
retribuciones.
- Empleo: debemos recuperar el empleo público perdido y
acometer el necesario rejuvenecimiento de unas plantillas, en la
actualidad con un alto porcentaje en edad próxima a la jubilación. En caso
contrario, se pone en cuestión la continuidad de los servicios públicos
con eficacia, calidad y universalidad de la prestación.
- Estabilización del empleo: mediante procesos con las
máximas garantías jurídicas, para conseguir los objetivos de dar
estabilidad a las plantillas y acabar con la lacra que supone la
temporalidad. Es necesario eliminar cualquier limitación en la tasa de
reposición para hacer realmente efectiva y duradera la reducción de la
temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores
públicos, incluyendo la totalidad del sector público empresarial, así como
los centros de investigación, no solo en puestos estructurales, sino en
todos aquellos que deben ser considerados como tales, y que, en su
mayoría, están cubiertos de manera alegal, ilegal o en fraude de ley, a
través de figuras como programas, obras y servicios, etc.
- Incrementar sustancialmente los haberes
reguladores de los grupos del A2 al E, para evitar que se siga deteriorando la calidad
de las pensiones de clases pasivas.
- Resulta necesario y urgente acometer el resto de desarrollo
del Estatuto Básico del Empleado Público, pendiente desde su
publicación en 2007, tanto en lo relativo a la garantía de cumplimiento de
los acuerdos, como a la mejora para el acceso al empleo público, la
obligatoriedad de resolver las ofertas de empleo público (OEP), la
agilización de los procesos selectivos, con convocatorias con carácter
anual que contemplen especialmente las plazas vacantes ocupadas por
personal temporal, la provisión y promoción interna, la carrera
profesional, la evaluación del desempeño, cualificación y clasificación
profesional, la culminación de la disposición transitoria tercera, la movilidad
interadministrativa y la regulación del teletrabajo, etc.
Es prioritario
defender los servicios públicos y recuperar los derechos arrebatados, salarios,
empleo y resto de condiciones de trabajo.
Nos movilizamos
por un III
Acuerdo en la Función Pública.
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